Decretos Maricarmen de Vivienda 2026: Qué Cambia para Propietarios e Inquilinos y Cómo Afecta al Alquiler
Los conocidos como decretos Maricarmen de vivienda han introducido importantes novedades en materia de alquiler, protección de inquilinos, derechos de los propietarios y acceso a la vivienda. Publicados en el BOE el 7 de octubre de 2026, estos dos Reales Decretos-ley están siendo objeto de un proceso de convalidación parlamentaria. Te explicamos qué medidas contemplan, qué obligaciones pueden afectar a los propietarios, qué ocurre con los contratos de alquiler...
Los decretos Maricarmen de vivienda: dos nuevas normas que cambian las reglas del alquiler
El conocido popularmente como decreto Maricarmen nace tras la polémica generada por el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid. A raíz de este caso, el Gobierno aprobó nuevas medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos y modificar diferentes aspectos del mercado inmobiliario.
Finalmente, las medidas se plasmaron en dos textos diferentes, publicados en el Boletín Oficial del Estado el 7 de octubre de 2026:
- Real Decreto-ley 28/2026: modifica la duración y las condiciones de finalización de los contratos de alquiler de vivienda habitual.
- Real Decreto-ley 29/2026: introduce medidas sobre alquileres, prórrogas extraordinarias, desahucios, fiscalidad, grandes tenedores y vivienda asequible.
Ambas normas tienen consecuencias importantes para quienes tienen una vivienda alquilada, están pensando en alquilarla o quieren vender un inmueble que actualmente se encuentra arrendado.
💡 Importante: no estamos ante una única ley, sino ante dos Reales Decretos-ley con medidas diferentes. El Real Decreto-ley 29/2026 entró en vigor el 8 de octubre, mientras que el Real Decreto-ley 28/2026 tiene prevista su entrada en vigor el 15 de noviembre de 2026.
1. ¿Qué ocurre si el propietario quiere finalizar el contrato de alquiler?
Esta es, probablemente, una de las novedades que más preocupación puede generar entre los propietarios.
El Real Decreto-ley 28/2026 modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y establece un nuevo régimen de prórrogas y compensaciones cuando el propietario decide no continuar con el contrato de vivienda habitual.
Una vez transcurridos los primeros cinco años de contrato, o siete años cuando el propietario sea una persona jurídica, si el arrendador quiere comunicar su voluntad de no renovar, deberá respetar un preaviso de seis meses.
El inquilino, por su parte, mantiene un plazo de preaviso de dos meses.
La novedad más llamativa es que, cuando el propietario comunique válidamente su voluntad de no prorrogar el contrato, con carácter general tendrá que indemnizar al inquilino, salvo que concurra alguna de las excepciones previstas legalmente.
2. ¿Tendrá que pagar el propietario 12 meses de alquiler si quiere recuperar su vivienda?
Esta es una de las cuestiones que más dudas está generando.
La norma establece una indemnización que se calcula tomando como referencia el sistema estatal de precios de alquiler y el tiempo que el inquilino lleva residiendo en la vivienda.
En concreto, se deberá abonar la cantidad que resulte mayor entre estas dos opciones:
- Doce mensualidades calculadas utilizando el valor superior del rango individualizado de precios del sistema estatal de referencia del alquiler.
- Una mensualidad por cada año de residencia del inquilino en la vivienda, con el correspondiente prorrateo por periodos inferiores al año.
Si no puede obtenerse un valor individualizado en el sistema estatal de referencia, el cálculo se realizará tomando como referencia la renta mensual vigente del contrato.
⚠️ Atención propietarios: no significa que cualquier propietario que quiera recuperar su vivienda tenga que pagar automáticamente doce meses de alquiler. La indemnización está vinculada a la no renovación en los términos de la norma y existen excepciones expresamente previstas.
3. ¿En qué casos puede el propietario recuperar la vivienda sin pagar esa indemnización?
El propio decreto contempla diferentes situaciones en las que no procede abonar la compensación por no renovar.
Entre las principales excepciones encontramos:
- Necesidad del propietario: cuando una persona física necesita la vivienda para destinarla a residencia permanente para sí misma o para familiares hasta segundo grado de consanguinidad o adopción, o para su cónyuge en determinados supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial.
- El inquilino no reside en la vivienda: cuando no haya habitado el inmueble durante más de seis meses en los doce anteriores a la notificación, salvo las causas justificadas que contempla la ley.
- El inquilino dispone de otra vivienda: cuando tenga en el mismo municipio otra vivienda apta para atender sus necesidades y pueda ocuparla.
- Se firma un nuevo contrato: si ambas partes acuerdan formalizar un nuevo arrendamiento de vivienda habitual.
- El inquilino rechaza una nueva oferta: cuando el propietario le ofrece fehacientemente un nuevo contrato que garantice una permanencia mínima de cinco años, o siete si el arrendador es persona jurídica, respetando las condiciones económicas legalmente exigibles.
Hay un detalle especialmente importante: si el propietario recupera la vivienda alegando que la necesita para sí mismo o para determinados familiares, deberá ocuparla efectivamente en los términos establecidos por la norma. Si transcurren tres meses desde la entrega y no se ha ocupado, salvo fuerza mayor, el antiguo inquilino podrá reclamar la indemnización correspondiente.
4. ¿Los contratos actuales también se ven afectados?
Sí, el nuevo régimen contempla su aplicación a determinados contratos que ya estaban vigentes, pero hay que tener en cuenta las reglas transitorias.
Las comunicaciones de no renovación realizadas antes de la publicación del Real Decreto-ley 28/2026 conservan su eficacia y no generan la nueva indemnización.
Además, para los contratos cuyo vencimiento se produzca dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor, se contempla un régimen transitorio que permite mantener el preaviso de cuatro meses.
Por tanto, no todos los contratos existentes quedan sometidos automáticamente a las mismas condiciones. Es fundamental revisar la fecha de firma, el vencimiento y si el propietario ya había comunicado su intención de no renovar.
5. Prórroga extraordinaria de hasta dos años: ¿puede el propietario negarse?
El Real Decreto-ley 29/2026 incorpora una medida especialmente relevante para los arrendamientos de vivienda habitual.
En determinados contratos vigentes, si el periodo de duración obligatoria, la prórroga tácita o la tácita reconducción finaliza antes del 31 de diciembre de 2028, el inquilino podrá solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales.
Para poder acogerse a esta medida, el inquilino debe encontrarse al corriente del pago del alquiler y haberlo estado mensualmente durante los ocho meses anteriores.
La prórroga se solicita por anualidades y, con carácter general, el propietario estará obligado a aceptarla.
Durante ese periodo se mantienen las condiciones y términos del contrato que ya estaba vigente.
No obstante, existen excepciones, entre ellas que las partes acuerden otras condiciones, que se firme un nuevo contrato o que el propietario haya comunicado correctamente la necesidad de ocupar la vivienda para sí mismo o determinados familiares, siempre que exista una causa real y acreditada.
🏠 Ejemplo práctico: un propietario tiene un contrato de vivienda habitual cuyo vencimiento se produce en 2027. Si se cumplen los requisitos legales, el inquilino podría solicitar hasta dos años adicionales de permanencia, manteniendo las condiciones del contrato, aunque el propietario inicialmente no tuviera intención de continuar con el alquiler.
6. Límite del 2 % en la actualización del alquiler hasta diciembre de 2027
Otra medida que afecta directamente a los ingresos de los propietarios es la limitación extraordinaria de las actualizaciones anuales de la renta.
El Real Decreto-ley 29/2026 establece un régimen especial para las actualizaciones cuya anualidad se cumpla desde su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2027.
La norma distingue dos situaciones:
- Si el alquiler supera el límite máximo del índice estatal de referencia de precios: no se podrá aplicar incremento alguno.
- En los demás casos: las partes podrán negociar la actualización. Si no alcanzan un nuevo pacto, el incremento no podrá superar el 2 %.
Esto significa que no se trata de una congelación general de todos los alquileres, sino de una limitación extraordinaria que depende de la renta y de las condiciones previstas en la norma.
Resumen de los principales cambios para los propietarios
Para entender mejor las novedades, esta tabla recoge las medidas más relevantes de ambos decretos que afectan al alquiler de vivienda habitual.
| Medida | Qué establece | Consecuencia para el propietario |
|---|---|---|
| Preaviso de no renovación | 6 meses para el arrendador y 2 para el inquilino. | Hay que planificar antes la finalización del contrato. |
| Indemnización por no renovar | Con carácter general, se calcula entre dos referencias económicas y se aplica la mayor. | Puede suponer un coste importante al recuperar la vivienda. |
| Prórroga extraordinaria | Hasta 2 años adicionales, si se cumplen los requisitos. | El propietario puede tener que mantener el alquiler. |
| Actualización de rentas | Sin incremento si se supera el índice de referencia; en los demás casos, máximo del 2 % sin nuevo pacto. | Puede limitar los ingresos del arrendamiento. |
| Contratos vigentes | Se aplican reglas específicas y disposiciones transitorias. | Es necesario revisar cada contrato individualmente. |
Estas son algunas de las medidas más relevantes para los pequeños propietarios. Sin embargo, el segundo decreto también introduce cambios importantes en los alquileres de temporada, el alquiler por habitaciones, los desahucios y la fiscalidad inmobiliaria.
En la segunda parte analizamos esas novedades y explicamos qué debe tener en cuenta un propietario antes de alquilar, vender o mantener una vivienda en el mercado inmobiliario.
FAQ's
Preguntas frecuentes sobre los decretos de vivienda "Maricarmen"
Los nuevos decretos de vivienda introducen medidas que afectan directamente a los propietarios que alquilan sus inmuebles. Entre las más importantes destacan las prórrogas extraordinarias de los contratos, las nuevas condiciones para actualizar la renta, la posible indemnización al inquilino cuando el propietario no renueve el alquiler y mayores requisitos para justificar los arrendamientos de temporada. También se contemplan cambios fiscales y medidas relacionadas con las viviendas vacías.
La finalización del contrato no significa que el propietario pueda recuperar automáticamente la vivienda. La nueva regulación contempla una prórroga extraordinaria de hasta dos años en determinados contratos de vivienda habitual cuyo vencimiento se produzca antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Existen excepciones, entre ellas determinados supuestos de necesidad acreditada del propietario o la celebración de un nuevo contrato en las condiciones previstas legalmente.
En determinados supuestos, sí. La nueva regulación contempla una compensación económica cuando el propietario comunica válidamente que no quiere renovar el contrato al finalizar los plazos correspondientes. La cuantía se calcula conforme a los criterios establecidos en el decreto y puede alcanzar el importe de doce mensualidades de renta de referencia o una mensualidad por cada año de residencia, según corresponda. Existen excepciones legales en las que no procede esta indemnización.
La actualización de la renta queda limitada hasta el 31 de diciembre de 2027 en los supuestos regulados por la nueva normativa. Si el alquiler supera el máximo permitido por el índice estatal de referencia aplicable, no podrá aplicarse un incremento. En los demás casos, la actualización deberá negociarse y, si no existe un nuevo acuerdo entre las partes, el incremento no podrá superar el 2 %. No se trata de una congelación general de todos los alquileres.
Los contratos de temporada deberán indicar expresamente una causa temporal real y justificada, como puede ser un desplazamiento laboral, estudios u otra circunstancia de carácter transitorio. El propietario deberá poder acreditar el motivo de la temporalidad. Si no existe una causa válida o el contrato se utiliza para cubrir una necesidad permanente de vivienda, puede considerarse un arrendamiento de vivienda habitual, con las consecuencias legales correspondientes.
Antes de vender una vivienda alquilada es fundamental revisar el contrato y comprobar los derechos del inquilino. La nueva regulación contempla el derecho de tanteo y retracto en determinados supuestos, por lo que el propietario deberá respetar los requisitos de comunicación y los plazos legales antes de transmitir el inmueble. También conviene analizar cómo afecta el contrato vigente a la venta y a la situación del futuro comprador.